Desde las 9:00 de la mañana de hoy miércoles el abogado Julio Henríquez, director del Programa de Libertad para Refugiados (RFP, en inglés), está apostado frente a la aduana del aeropuerto de Miami para monitorear la experiencia de los portadores de pasaportes venezolanos ante los agentes de inmigración, a raíz del veto iniciado este 18 de octubre por la Casa Blanca contra funcionarios de cierta instituciones públicas venezolanas “y sus familiares directos”.
“La medida se activó hoy. Las primeras impresiones son muy importantes. Hasta el mediodía no habíamos sabido de ningún inconveniente, pero puede pasar en cualquier aeropuerto. Por ello activamos una línea telefónica (1-786-7650509) para recibir denuncias y orientar”, destaca Henríquez, coordinador internacional del Foro Penal Venezolano, con estudios en la Universidad de Carabobo y NYU.
El decreto presidencial fue anunciado por la Casa Blanca en septiembre, alegando falta de cooperación de varios gobiernos para “compartir información de seguridad pública y relacionada al terrorismo”.
Aunque en teoría en Venezuela sólo apunta a funcionarios del SEBIN, SAIME, CICPC, Cancillería y el Ministerio de Interior, y sus parientes, es una medida difusa y arbitraria, empezando porque no todos los cónyuges comparten el mismo apellido.
“Muy probablemente los agentes no tienen ninguna idea de quiénes son las personas potencialmente sancionadas. A diferencia de las otras medidas contra el gobierno venezolano, en este caso no hay una lista con nombre y apellido. Así sería más sencillo. Sin ello es imposible saber” quiénes forman el público meta, alertó Henríquez.
La entrada o no a un país depende siempre del agente de inmigración, en función de las respuestas que reciba del visitante. La situación se complica porque Venezuela actualmente encabeza los pedidos de asilo en Estados Unidos y España, con o sin justificación.
“El miedo que tenemos es que los venezolanos que no tienen nada que ver con el gobierno puedan verse afectados al entrar a Estados Unidos. Nosotros no estamos para ayudar a la gente a emigrar de Venezuela ni avalamos mentir a los agentes de inmigración. Por ello es importante que la gente esté consciente de las consecuencias de sus respuestas, porque si entras como turista y luego pides asilo, se descubre que mentiste. Y si directamente pides asilo al llegar alegando que tu vida corre peligro en Venezuela, puedes ser enviado a un centro de detención mientras estudian tu solicitud; y lo más probable es que te mantengan allí por algunos meses”, detalla. Los menores de edad, siendo el caso, son recluidos en albergues, mayormente junto a su madre.
En el limbo jurídico también gravitan algunos ex funcionarios chavistas y/o sus parientes que ya se encuentran en territorio estadounidense, e incluso han solicitado asilo. No hay versión oficial sobre cómo el veto migratorio los afectará.
Como miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Henríquez monitoreó el aeropuerto de Boston tras el veto migratorio contra países musulmanes activado parcialmente en enero por el recién llegado presidente Donald Trump, en medio de una serie de batallas legales. “En todos los aeropuertos hemos visto colaboración de parte de los funcionarios de información. Y hoy en Miami no ha sido la excepción”, precisó.
Sin embargo, el área de inmigración es de estricto acceso limitado, incluso con prohibición del uso de teléfonos. Cualquier irregularidad sólo pueden conocerla luego de que el afectado o algún allegado pueda reportarla.
Residenciado en Boston, Henríquez tiene previsto regresar a esa ciudad la noche del miércoles, luego de monitorear por 12 horas a los pasajeros venezolanos en el terminal internacional de Miami, con el apoyo de otros activistas de RFP y el Foro Penal Venezolano.
Lamovidanet.com 