Claves para entender el conflicto ante sentencia del TSJ

La crisis del país cruzó nuevas fronteras luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara un fallo con el que asume las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en una decisión calificada por los líderes opositores como un “golpe de Estado”

El Tribunal Supremo de Justicia emitió ayer una sentencia en donde establece que asumirá por completo la responsabilidad de las competencias parlamentarias, debido a la situación de “desacato” que persiste en la Asamblea Nacional.

“Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”, se expresa en la sentencia 156 de la Sala Constitucional.

Claves para entender el conflicto

Pugna de poderes

El choque de poderes es constante desde enero del año pasado, cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó el control del Poder Legislativo tras 17 años de hegemonía chavista. El TSJ, acusado por la oposición de servir al presidente Nicolás Maduro, declaró en desacato a la cámara y anuló todas sus decisiones, por haber juramentado a tres diputados acusados de fraude electoral.

Anoche, en un nuevo pico en el conflicto, la corte adoptó las competencias del Parlamento justificando la decisión en el desacato, lo que el Parlamento denunció hoy como un “golpe de Estado”.

La sentencia “pulveriza la división de poderes”, dijo a la agencia AFP el analista venezolano Luis Vicente León, aunque recordó que en la práctica el TSJ ya venía ejerciendo funciones legislativas.

Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos según las últimas encuestas, rindió su informe de labores de 2016 frente a los magistrados, que además aprobaron el presupuesto y validaron un estado de excepción y de emergencia económica aún vigente.

Elecciones en el limbo

La oposición se volcó en 2016 a impulsar un referéndum revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue suspendido el 20 de octubre por el poder electoral, que alegó irregularidades.

Descartado el revocatorio, la oposición ha pedido adelantar las elecciones presidenciales, lo que Maduro rechaza. Esos comicios están pautados para diciembre de 2018, mientras que las elecciones regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero fueron pospuestas y aún no se fijó fecha.

Como requisito para futuras votaciones, el poder electoral obligó a los partidos a recoger firmas para validarse. Se busca “hacer unas elecciones a la medida del gobierno”, advirtió el politólogo Luis Salamanca. El trámite es rechazado incluso por pequeñas organizaciones chavistas, al considerar que terminará “ilegalizándolas”.

Debacle económico

La caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó a la economía del país, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos. El país debió reducir drásticamente las importaciones, lo que generó una escasez de todo tipo de bienes, lo que mantiene postrada a la industria local por falta de insumos. De acuerdo con estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016.

El desabastecimiento se combina con la inflación más alta del mundo, que el FMI proyecta en 1660% para este año.

Maduro atribuye el colapso a una “guerra económica” de empresarios y “poderes imperiales” que, según él, promueven un boicot para impedir que el país consiga financiamiento externo.

Diálogo fracasado

Tras fracasar el intento de convocar al referéndum revocatorio, gobierno y oposición iniciaron un diálogo político en octubre pasado con acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), pero la MUD lo congeló en diciembre. La alianza opositora acusó al chavismo de incumplir acuerdos en cuanto a la definición de un calendario electoral y la liberación de un centenar de disidentes presos.

Para el ex candidato presidencial y líder opositor Henrique Capriles el diálogo fue una “trampa” que desmovilizó a la oposición justo cuando realizaba multitudinarias manifestaciones.

Criminalidad y derechos humanos

Agobiado por la crisis económica y política, el país también sufre por la violencia en las calles. Unas 28.000 muertes violentas se registraron en 2016 (91,8 por cada 100.000 habitantes), una tasa diez veces mayor a la media mundial, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). A la vez, se multiplican las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como ajusticiamientos y allanamientos ilegales.

ElNacional

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