AN investigará CLAP y Carnet de la Patria como controles del Gobierno

En la exposición que hicieron seis diputados de la bancada opositora de la Unidad Democrática, todos denunciaron las supuestas acciones del Ejecutivo Nacional al generar mecanismos de control político de los ciudadanos a partir de la atención de sus necesidades más básicas.

Al calor de la discusión que esta tarde desarrolló la Asamblea Nacional (AN) desde Mesuca, localidad de la popular parroquia Petare, al este de Caracas, aprobó la creación de una comisión mixta para investigar los mecanismos de control político de los ciudadanos a través de sus necesidades más básicas. La misma estará integrada por los diputados Mariela Magallantes (que la presidirá), Miguel Pizarro, Juan Requesens y Dinorah Figuera.

La diputada Magallantes (La Causa R) inició el debate del tercer punto de la agenda parlamentaria y fue quien propuso que las comisiones permanentes de Política Interior y de Desarrollo Social de la AN continuaran la investigación iniciada en 2016, relacionada con “el uso por parte del Gobierno de mecanismos de control para el sometimiento de los ciudadanos a través de sus necesidades más básicas”, según sus palabras.

Recordó que desde principios del año pasado, cuando se crearon los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la entrega de bolsas de comida a las comunidades, el Parlamento venezolano denunció que se trataba de un mecanismo de discriminación y manipulación política. Aseguró que el pueblo sabe que “el Gobierno quiere someterlo a través de las necesidades más básicas, una de ellas la comida”.

Destacó que ahora a las bolsas de comida repartidas por los CLAP se suma el Carnet de la Patria como una promesa de solución al problema de abastecimiento de alimentos para el pueblo, a pesar de que “la cédula de identidad, después de la partida de nacimiento, es lo que nos garantiza a nosotros obtener un beneficio, y no un Carnet de la Patria engañoso, como lo quiere pretender este Gobierno”, dijo.

Resaltó que mientras para 2016 la bolsa de comida tenía un costo de 640 bolívares, hoy en día “nos la quieren vender a más de 20 mil bolívares”.

Lamentó que tras el envío de cartas a varios entes del Estado como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud, hicieron caso omiso a sus peticiones.

Acusó que “el Gobierno sabe la solución” del problema de desabastecimiento y acceso a los alimentos, pero la niega porque “es política de Estado destruir el aparato de producción nacional porque el ‘guiso de las importaciones es mucho más fructífero para ellos, a costilla del hambre y la vida de los venezolanos’”, fustigó.

Bracho: Copia de la libreta cubana de racionamiento

Por su lado, la diputada Nora Bracho (Un Nuevo Tiempo), acusó directamente que el mencionado nuevo instrumento de registro e identificación promovido por el Ejecutivo, es “una copia exacta” de la libreta de racionamiento cubana.

“Esa tarjeta que hoy nos presentan hoy día es una copia exacta de lo que fue otrora la libreta de racionamiento cubana. En aquel entonces Fidel dijo que ‘era para proteger al pueblo, para suministrarle alimentos al pueblo’. Pero la verdad es que era para controlar los estómagos de los más necesitados, y de todo el pueblo cubano de aquel entonces. Y hoy se está repitiendo exactamente igual en Venezuela”, sostuvo.

Alentó a que el pueblo no acepte tal “chantaje” de parte del Gobierno, el cual ha perdido la calle. Por eso aseguró que a esta sesión no asistió la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) no asistió “porque le tiene miedo a los petareños”.

“Aquí están las sillas vacías de esos diputados que se dicen del Bloque de la Patria pero que de Patria no tienen nada porque han vendido la dignidad del venezolano”.

Exigió al Gobierno Nacional que “abra el canal humanitario para los alimentos y medicinas (…). Es una solución momentánea pero lo es ante el hambre que está padeciendo nuestro pueblo”, lo cual necesitan atender de manera inmediata.

Pizarro: Importaciones el beneficio de “mafias chiquiticas”

Antes de finalizar la ronda de debate, el legislador Miguel Pizarro puso al acento en “cómo los CLAP se ha convertido en experiencia de exclusión, cómo se utiliza el hambre como mecanismo de control político, cómo han pretendido usar la necesidad para volcarnos como enemigos entre hermanos, entre vecinos”, expresó.

“El problema de fondo no es que los controles fallan. El problema de fondo acá es que el modelo no sirve. Mientras no produzcamos alimentos en nuestro país y dependamos de la importación nunca tendremos anaqueles llenos. Mientras sigamos beneficiando a mafias chiquitcas que siguen chupándose la renta petrolera y los dólares del país, inventando importaciones que no llegan a ningún lado, seguirá muriéndose la gente por la falta de medicinas”, resaltó.

El debate sobre este tercer punto de la agenda parlamentaria igualmente fue alimentado por las exposiciones de los legisladores Juan Requesens (Primero Justicia), Ismael León (Voluntad Popular)  y Leydy Gómez (Acción Democrática). Todos coincidieron con las críticas y denuncias anteriormente expuestas por Magallanes, Bracho y Pizarro.

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